cuando gran hermano no sea solo un juego

¿Sería correcto afirmar que estamos presenciando el desborde de las funciones del Estado? En un principio la función del Estado era el prevenir ataques contra la vida, la libertad y la propiedad de las personas que lo constituían pero poco a poco fue ampliando su influencia hasta inmiscuirse en prácticamente todas las actividades que se desarrollan en una comunidad.

Actualmente es muy difícil encontrar una actividad humana que no esté regulada por el estado, ya sea directa o indirectamente. Digo que existe una regulación directa cuando existen un conjunto de normas, leyes y reglamentos que regulan el derecho de una persona a realizar una actividad determinada. Desde este punto de vista han de verse como actividades reguladas el conducir, el comercio, las distintas profesiones (medicina, abogacía, arquitectura, etc.). Digo que una actividad esta regulada indirectamente cuando el Estado limita la capacidad de un ciudadano para realizarla o trata de desanimarlo para que no la realice de una manera no explícita (el precio de los cigarrillos y de los combustibles, por ejemplo, son una manera indirecta de disuadir a los habitantes de un lugar de su consumo excesivo y se logra a través de la carga impositiva).

Desafío a los lectores de esta bitácora a encontrar actividades libres del accionar estatal, verán que son escasas y muy pocas.

Ahora bien, poco a poco se ha ido invadiendo la libertad del individuo en procura de lo que se conoce como “bien común”. Se ignora o se desea ignorar que el Estado no ha de inmiscuirse en aquellas cosas que son propias de la decisión del individuo. Esta situación no obedece, como muchos habrán de pensar, a una necesidad de “salvarnos la vida” pese a que nosotros no queramos, sino a dos cosas evidentemente más prácticas y menos éticas:

1. La necesidad de los representantes de los distintos gobiernos de satisfacer las demandas de los grupos de presión para, de esa forma, alcanzar sus objetivos políticos.
2. La aparente necesidad que parecen tener los gobiernos de satisfacer las necesidades de las distintas empresas comerciales instaladas en el territorio que administran.

Recordemos, como ejemplo, lo sucedido en los Estados Unidos cuando se aprobó la ley seca. Por una parte permitió el fortalecimiento de la mafia italiana en el territorio y esto es algo acerca de lo que concuerdan muchos analistas, por el otro al no poder impedir de manera efectiva la distribución de alcohol ilegal y como las bebidas alcohólicas ilegales no estaban sometidas a la supervisión de los organismos de salubridad pública se tuvieron muchísimos casos de envenenamiento por el reemplazo del etanol, el alcohol presente en bebidas como el whisky o el vino por el metanol o alcohol de madera que es sumamente venenoso para el ser humano.

En la actualidad igual embate está sufriendo el consumo de tabaco pese a que por otra parte, existe un accionar que desea impulsar el libre consumo de otras dogas, como la marihuana.

Lo importante no es que se deba dejar, a la larga, de fumar o de beber, lo que es inevitable es inevitable y el decurso actual lo hace inevitable, pese a quien le pese. El problema es que poco a poco vamos admitiendo que el Estado se entrometa en asuntos que no son de su incumbencia. Es deber del estado dar a sus ciudadanos la posibilidad de recibir los cuidados médicos que precise, pero no es deber del estado transformarse en una madre que diga “no salgas que hace frío”. Siendo tremendista, llegaremos al nivel de permitir que el Estado prohíba ciertas actividades deportivas bajo el concepto de que entrañan un riesgo y no estoy hablando aquí solamente del boxeo, sino de todas aquellas actividades que entrañan un riesgo como el alpinismo, el esquí, el automovilismo, etc., sí, ya sé que suena a gilipollez, pero el tremendismo nos permite ver el camino que estamos siguiendo con la suficiente antelación como para corregir el problema.

Supongamos, por otra parte, que el Estado prohíbe el uso del dinero. Esto es posible y se está manejando en ciertos ámbitos. Cada persona sería provista de una tarjeta gratuita, con un código de barras o un chip, que reemplazaría el viejo billete (Ver "El futuro del dinero" de James A. Dorn).

¿Qué ventajas nos traería esto? Por empezar, que todo pagaría el correspondiente impuesto, la evasión no sería posible al quedar todos los pagos registrados de igual manera que hoy los registra un banco cuando uno utiliza su tarjeta de crédito. Cierto tipo de actividades como la compra y venta de drogas, el robo callejero, la mendicidad, el lavado de dinero, serían harto difíciles por no decir que imposibles. Pero esto le daría el poder al Estado de saber en todo momento que es lo que hemos hecho, podría seguir nuestro comportamiento a través de nuestras transacciones, que comemos, que bebemos, que leemos, que servicios usamos, como vamos de un punto a otro de una ciudad sería facilísimo de averiguar, hasta el saber si tenemos un amante quedaría a su alcance.

Por otra parte, el Estado grava con impuestos las actividades con fines de lucro que se efectúan en el territorio que controla. ¿Es esto legítimo? El único impuesto legítimo que podemos encontrar es el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias ya que este impuesto es el único que distribuye de manera proporcional los costes del Estado entre los ciudadanos que lo conforman, además de poder utilizarse para corregir el desfasaje del fenómeno acumulativo de la riqueza o, dicho de otra forma, la existencia de millonarios cada vez más millonarios y de pobres cada vez más pobres. El único impuesto que debería existir sería entonces, el de la renta o ganancias y ese debería ser el impuesto que el estado utilice para mantener sus operaciones. Todo otro impuesto debería ser considerado ilegal, entonces ¿Por qué existen? Veamos.

Si un ciudadano el año fiscal 2.006 hubiese pagado, por ejemplo, el 40% de sus rentas como impuesto y el año fiscal 2.007 debiera pagar el 42% de sus rentas se preguntaría que coño está haciendo el gobierno con mi dinero. Un impuesto sobre la renta, que es directo, permite a la persona controlar la austeridad o no austeridad de sus gobernantes. Por esto se prefiere el impuesto indirecto, que evita que una persona sepa cuanto es realmente su contribución. Si alguien hiciese las cuentas vería que una persona física contribuye a pagar los costos del Estado muchísimo más, porcentualmente, que una gran empresa. Si uno se tomase el trabajo de sumar los impuestos que paga cada vez que compra combustible, y es lícito remarcar que el precio del combustible está conformado por un 70% de impuestos, lo que paga de impuestos al comprar alimentos (el sempiterno IVA), etc., vería que su aporte es en porcentaje, como ya he comentado, mucho mayor que, por ejemplo, el aporte que hacen las grandes empresas petroleras, los bancos, etc.

Y es que la persona común, el ciudadano normal, no tiene representantes que puedan reunirse con los representantes del gobierno para “negociar” estos aspectos. Es muy distinto, como sucedió en Alemania, que la empresa Siemens amenace con irse del país si no le permiten re-introducir la jornada de trabajo de 40 horas semanales sin paga adicional a que un ciudadano común amenace con irse a trabajar a otro lado si el gobierno no le reduce la jornada de trabajo sin afectar sus ingresos.

Pero cuando esto sucede, el equilibrio que debería guardarse en cuanto al aporte de las personas físicas y jurídicas para el sostenimiento de los costos operativos del estado se rompe y presenta un desbalance que poco a poco se hace más elevado hasta llegar al que existe en estos días. Y desafío a que cualquier persona me demuestre que un ciudadano español que gana, por ejemplo, 3.200 euros mensuales no contribuye, porcentualmente hablando, más que el Banco de Santander que declara ganancias de 7.596 millones de euros, aproximadamente.

¿Y por que se llega a esto? Se llega a esto a causa del desborde de la función estatal, que al mismo tiempo que alcanza lugares que jamás debería haber alcanzado se considera con el derecho ¿quizás divino? de gravar y sacar ingresos de todas las actividades que nosotros, sus ciudadanos, llevamos a cabo y de esa forma sostener el clientelismo político y todos sus vicios. Llegamos a esto permitiendo que se satisfagan determinadas peticiones de grupos de presión bajo la base de que es sano, permitiendo que el estado tome nuestras decisiones en lugar de dejar que nosotros las tomemos. Porque la libertad es una calle de doble vía y cuando se restringe o cierra una también la otra se ve afectada.

Pero aprender que nuestros deseos no tienen que ser la ley para todos es algo que llevará muchísimo más tiempo para ser corregido y mientras no se corrijan, seguirá existiendo la manera de imponerlos y dar así vía libre a los excesos.